Por: Daniel Piscicelli
A través de los años la política y el deporte se han ido articulando y necesitando uno al otro para poder subsistir. Son muchos los casos en los que gobiernos nacionales utilizaron a la actividad deportiva para sacar de focos graves problemas institucionales que sucedían.
Hoy en día, el caso más representativo, con referencia a esta relación, tiene que ver con la violencia en el fútbol y la falta de criterio y decisión política que hay para tratar de erradicar un tema que poco a poco está degradando la actividad deportiva más popular de la Argentina.
Los hinchas fanáticos y a los que ni siquiera les interesa el deporte se preguntan día tras día como es posible que gente con antecedentes, que está identificada por las fuerzas de seguridad y que hasta el más desentendido en el tema conoce, nunca haya sido atrapada y goce de inmunidad judicial.
El tema es muy sencillo: al ser utilizados políticamente por intendentes, gobernadores, concejales y hasta presidentes de la nación, como punteros y señuelos en las villas, militantes de partidos y hasta como guardaespaldas, estos personajes nefastos nunca recaen en la justicia, y cuando esporádicamente son arrestados y están prestos a ser juzgados son automáticamente absueltos gracias a contactos con las altas esferas del poder.
Además la ausencia y la poca preocupación de los últimos gobiernos de la Argentina ha ido legitimando cada vez más a estos grupos minúsculos, que con poder y autonomía se fueron convirtiendo en los dueños dentro de los estadios..
Por eso cuando comparan esta situación de crisis social en el fútbol argentino, con lo sucedido en Inglaterra en la década del ‘70, con los grupos violentos y xenófobos, llamados Hoolligans, es un grave error. ¿Por qué?
Muy fácil; los grupos ingleses que causaban destrozos y mataban gente en el marco de un partido de fútbol eran identificadas y posteriormente arrestadas. Hasta aquí es el mismo procedimiento que se realiza en Argentina. Pero claro, la gran diferencia entre el primer mundo y un país subdesarrollado radica en que cuando el sector político inglés tuvo que ponerse la situación al hombro, lo hizo y pudo solucionarla porque ninguno de esos grupos tenía relación con personas de ese ámbito.
Si!! Ahí está la gran diferencia existencial. Los barras y algunos dirigentes de fútbol y de la política generan una cadena en la que siempre se tocan intereses y con la que nadie se atreve a lidiar, ni siquiera la justicia. Por eso esta situación de incertidumbre y de inseguridad no va a terminar hasta que haya una fuerte decisión de cambio y compromiso en la política, en la sociedad y en el deporte de la República Argentina.
16 de agosto de 2007
13 de agosto de 2007
!!Colorado el seis!!
Por: Daniel Piscicelli
La oscuridad y la falta de confianza envuelven desde hace unos meses a varios funcionarios del gobierno del presidente Néstor Kirchner. El caso más resonante y reciente es el del maletín con 800 mil dólares, que fue encontrado por personal de Aduana en el aeropuerto metropolitano, Jorge Newbery.
La valija pertenecía a un hombre que venía en el mismo avión de la comitiva que acompañó al presidente venezolano Hugo Chávez en su estadía por la Argentina.
Tanto el gobierno argentino como el venezolano coincidieron en que el del maletín fue un caso aislado y que Guido Antonini Wilson, el hombre en discordia, no era del entorno de Chávez. A pesar de esto y acorralado por un nueva denuncia, el presidente Kirchner le pidió al gobierno de Venezuela que explique el origen del dinero, a lo que funcionarios chavistas respondieron de forma negativa y dijeron que el único que tiene que dar explicaciones es el gobierno K.
Una vez que la denuncia tomó estado público, Claudio Uberti, el partener del Ministro de Planificación, Julio De Vido fue echado de su cargo y se convirtió en el cuarto miembro del aparato K en dejar su lugar de trabajo antes de tiempo.
A este caso, en donde todo es muy poco claro, se le suman: la renuncia de Felisa Miceli al Ministerio de Economía hace unos meses por una grave denuncia en su contra (se le encontraron 70 mil dólares en su despacho); la denuncia dirigida hacia Romina Picolloti por malversación de fondos en la Secretaría de Ambiente, el caso Skanska, donde Néstor Ulloa, del Banco Nación y Madaro, del Enargas, fueron destituidos por la pago de coimas para la construcción de los gasoductos del sur y el norte.
Además de la manipulación de datos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el caso de la ministra de defensa de la nación, Nilda Garré, quien está siendo investigada en la justicia por la supuesta sobrefacturación en la venta de armas al exterior.
Con la de la maleta ya son seis las denuncias que afronta el oficialismo, y son muchos más los funcionarios e integrantes del gobierno K que están en la retina de la justicia.
La oscuridad y la falta de confianza envuelven desde hace unos meses a varios funcionarios del gobierno del presidente Néstor Kirchner. El caso más resonante y reciente es el del maletín con 800 mil dólares, que fue encontrado por personal de Aduana en el aeropuerto metropolitano, Jorge Newbery.
La valija pertenecía a un hombre que venía en el mismo avión de la comitiva que acompañó al presidente venezolano Hugo Chávez en su estadía por la Argentina.
Tanto el gobierno argentino como el venezolano coincidieron en que el del maletín fue un caso aislado y que Guido Antonini Wilson, el hombre en discordia, no era del entorno de Chávez. A pesar de esto y acorralado por un nueva denuncia, el presidente Kirchner le pidió al gobierno de Venezuela que explique el origen del dinero, a lo que funcionarios chavistas respondieron de forma negativa y dijeron que el único que tiene que dar explicaciones es el gobierno K.
Una vez que la denuncia tomó estado público, Claudio Uberti, el partener del Ministro de Planificación, Julio De Vido fue echado de su cargo y se convirtió en el cuarto miembro del aparato K en dejar su lugar de trabajo antes de tiempo.
A este caso, en donde todo es muy poco claro, se le suman: la renuncia de Felisa Miceli al Ministerio de Economía hace unos meses por una grave denuncia en su contra (se le encontraron 70 mil dólares en su despacho); la denuncia dirigida hacia Romina Picolloti por malversación de fondos en la Secretaría de Ambiente, el caso Skanska, donde Néstor Ulloa, del Banco Nación y Madaro, del Enargas, fueron destituidos por la pago de coimas para la construcción de los gasoductos del sur y el norte.
Además de la manipulación de datos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el caso de la ministra de defensa de la nación, Nilda Garré, quien está siendo investigada en la justicia por la supuesta sobrefacturación en la venta de armas al exterior.
Con la de la maleta ya son seis las denuncias que afronta el oficialismo, y son muchos más los funcionarios e integrantes del gobierno K que están en la retina de la justicia.
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